Las prospecciones de petroleo en Canarias huelen mal

En apenas dos semanas las declaraciones de varios ministros han dejado en evidencia las mentiras sobre las prospecciones de petroleo en nuestras Islas

Primero ha sido el ministro Soria quien, en un último intento de convencernos de las bondades de la posible existencia de petroleo, dijo que el Gobierno tenía intención de crear un impuesto especial del 8% para este fin y transferir la mitad al Gobierno de Canarias. Según él, la parte de ese nuevo impuesto mas los supuestos beneficios empresariales que obtendrían las islas podrían ascender a 300 o 400 millones de euros.

Lamentablemente, como siempre, ha sido el superministro Montoro el que ha venido a poner las cosas en su sitio al anunciar una rebaja del impuesto que actualmente pagan las petroleras por actividades de extracción en nuestro país: al final no se van a incrementar los impuestos sobre estas empresas sino que, incluso, en realidad se van a bajar considerablemente. 

El Gobierno estatal bajará el Impuesto de Sociedades, tanto para la búsqueda como para explotación de yacimientos de petróleo o gas.

El tipo impositivo pasará del 35% al 30% en 2016.

Así consta en el proyecto de ley del Impuesto de Sociedades que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto y que se tramitará en el Congreso de los Diputados a partir de septiembre con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

En realidad, sin estas contradicciones, ya era imposible ningún tipo de compensación a Canarias dado que el impuesto de sociedades se declara e ingresa en donde se ubica la sede social de la empresa, que en el caso de Repsol es Madrid. De tal forma que, cualquier beneficio que pueda obtener esta compañía por su explotación de petroleo en nuestras aguas en realidad será contabilizada en el impuesto de sociedades declarado por Repsol en la Comunidad de la Capital de España y no en Canarias, como nos han pretendido engañar.  De forma que esa posible compensación siempre estará supeditada a que cada Gobierno en cada Ley de Presupuestos anual determine si quiere o no transferir algo a nuestro archipiélago.

Pero es que, además, con la rebaja del impuesto de sociedades, queda aún más claro que será imposible cualquier tipo de compensación via impuestos, ya que al disminuir limitan aún más la capacidad del Gobierno para incrementar las transferencias a las Comunidades autónomas.

Por si fuera poca desverguenza, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha intentado combatir las críticas a las prospecciones en busca de hidrocarburos que Repsol quiere hacer en Canarias afirmando que "antes de este se han realizado 269 sondeos en España sin oposición alguna", afirmaciones que realiza coincidiendo con la difusión de noticias sobre la paralización de prospecciones en Baleares. ¿Hay o no otras negativas a las prospecciones en España? o tal vez el Secretario de Estado ha tenido un lapsus de memoria y se ha olvidado repentinamente de las Islas Baleares.

Un Real Decreto elimina la Selectividad (BOE sábado 7 de junio)

El Real Decreto 412/2014 elimina la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y establece mecanismos para limitar las plazas


El Real Decreto 412/2014 por el que se elimina la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y se establecen los requisitos de acceso y procedimientos de admisión a las enseñanzas de grado fue publicado en el BOE el pasado sábado, 7 de junio [BOE].  Generará desigualdades y dificultades en el acceso, dejando al alumnado en situación de indefensión por lo que la Federación de Enseñanza de CCOO critica que, incluso para una misma titulación, los estudiantes tendrán que realizar pruebas que suponen un nivel de exigencia diferente en función de la comunidad autónoma y que éste variará, incluso, de una universidad a otra dentro de una misma región.

Las universidades podrán establecer sus propios procedimientos de admisión, criterios de valoración y reglas para establecer el orden en la adjudicación de plazas para cada titulación. Esta “desregularización” resulta discriminatoria para el alumnado, ya que, aunque la normativa contempla la posibilidad de que las universidades adopten procedimientos de coordinación similares, no es obligatoria.

Además, como previsiblemente todas las pruebas de acceso se concentrarán en un corto periodo de tiempo y en centros que pueden estar muy distantes entre sí, los estudiantes tendrán dificultades para concurrir a los exámenes en distintas universidades, especialmente en territorios con una oferta amplia de campus y titulaciones.

El Real Decreto acentúa la discriminación del alumnado al especificar que, para los bachilleres españoles europeos o de estados con los que se haya suscrito acuerdo de reciprocidad, las universidades podrán decidir que el acceso a la universidad se haga solo en base -o no- a la nota de Bachillerato; mientras que para los técnicos superiores de FP, de Artes Plásticas y Diseño y aquellos que cuentan con una formación de Técnico Deportivo Superior, las universidades deberán fijar obligatoriamente algún tipo de procedimiento de admisión.

#HuelgaNoEsDelito

49 procedimientos judiciales abiertos por el ministerio Fiscal contra 147 sindicalistas de CCOO por ejercer el derecho de Huelga y en los que se llega a pedir hasta 5 años de cárcel

#HuelgaNoEsDelito - Concentración de apoyo a Katiana Vicens
secretaria general de CCOO en Baleares, a la que intentan condenar
a 4,5 años de carcel por informar y apoyar el derecho de Huelga

Después de que Toxo haya participado en las concentraciones de protesta en Palma de Mallorca por la petición de 4,5 años de cárcel para la secretaria general de CCOO de Baleares, la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y una ofensiva penal contra el derecho de huelga, mostrando su preocupación por la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos. 

Resulta especialmente reseñable la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical y llama especialmente la atención el silencio político y administrativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical y especialmente contra representantes del sindicato por ejercer e informar sobre el derecho de huelga.

Estas coacciones al derecho de huelga en España coinciden con presiones internacionales en el mismo sentido, por lo que la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha elaborado un informe
jurídico de 122 páginas en el que la CSI confirma que el derecho de huelga está protegido por el derecho internacional. Informe que intenta contrarrestar las propuestas de los representantes de los empresarios para revocar décadas de jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que han anunciado durante el transcurso de la 103ª Conferencia Internacional del Trabajo que la agencia de la ONU celebró en Ginebra. En concreto, los representantes de los empresarios en la OIT persisten en sus esfuerzos por restringir el Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical, que garantiza a los trabajadores el derecho a convocar y participar en una huelga.

Sin embargo en nuestro país esta presión esta siendo especialmente agresiva, y se suma a las multas, detenciones, malos tratos, endurecimiento del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana contra las protestas pacíficas. Algo que esta siendo denunciado por Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos. 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA DECLARACIÓN:

CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y la ofensiva penal contra el derecho de huelga

Un informe de los Servicios Jurídicos de CCOO advierte de 49 procedimientos abiertos a 147 representantes y dirigentes de CCOO, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, lo que supone una restricción ilegítima de derechos democráticos.

El ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años una creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, que puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria. A juicio de CCOO, “la acusación penal, que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel para representantes sindicales, es una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga. No se trata de un acto que carezca de consecuencias jurídicas inmediatas. Implica la vinculación a un proceso y la sumisión a medidas cautelares tanto personales como de exigencia de fianzas y asunción de daños por parte de la acusación”.

Desde hace unos años, el sindicalismo de clase se enfrenta a una poderosa campaña mediática activada con fuerza a partir del triunfo de la derecha política en las elecciones generales de 2011. Una sistemática e implacable campaña que no repara en medios y que apunta al corazón mismo de las relaciones laborales. En la estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical, no se pone en cuestión una u otra actuación de los sindicatos. O al menos, no solo. Se ataca la propia existencia del sindicalismo democrático y su función constitucional, lo que nos sitúa ante una ofensiva conservadora que en ocasiones avanza extramuros de la democracia.

Pero el sindicalismo no puede quedarse en la denuncia de unos hechos que golpean la imagen y la credibilidad de los sindicatos. Debe dirigir también su mirada hacia dentro y evaluar con rigor y transparencia los errores cometidos. Y en eso estamos empeñados en CCOO. La creación de una Comisión de Investigación para analizar la actuación del sindicato en el llamado caso de los ERE, y el compromiso público adquirido para aplicar con todas las consecuencias la legalidad estatutaria, ha servido para separar las buenas de las malas prácticas y no ponernos de perfil si tuviésemos que sancionar alguna actuación irregular de representantes de CCOO.

La criminalización de la respuesta sindical
Mientras el sindicato se detenía en el análisis de la campaña antisindical en el ámbito de la comunicación, se sucedían en distintos puntos del país acciones sancionadoras contra la actividad sindical sin precedentes en democracia. Conscientes de que las prácticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables, CCOO ha creído imprescindible encargar a sus servicios jurídicos un informe detallado de lo que está pasando y una agenda básica que incluya los criterios de intervención jurídica y sindical. La principal tipología de conflictos de los que se derivan las actuaciones sancionadoras están relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en el año 2010 como en el 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos tanto administrativos como penales.

En relación con las sanciones que son objeto de imputación, las más frecuentes son las de carácter exclusivamente administrativo, y no representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros.

En el ámbito penal la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga, lo que se produce al menos en nueve procedimientos de carácter penal y que afectan a unos 40 trabajadores y cargos sindicales. Estos procedimientos sí derivan en condena, la pena mínima es de tres años y un día, y por tanto genera el ingreso en prisión al ser superior a 24 meses, aunque la persona carezca de antecedentes penales, al no ser aplicable con carácter general la medida de libertad condicional. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones. Tal es el caso de AIRBUS, en el que se pide ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas imputados, o superior a cuatro años, como se pide a la secretaria general de CCOO de Baleares.

Hemos querido resumir algunos de los 35 procedimientos que afectan a 125 sindicalistas de CCOO -los servicios jurídicos trabajan para conocer si son más los casos- con el propósito de sensibilizar a toda la ciudadanía de la trascendencia de unas actuaciones que cercenan gravemente los derechos sociales y laborales. Y lo hacemos para anunciar que no nos vamos a quedar parados. CCOO considera inaceptable que el delito de coacciones a la promoción de la huelga como figura penal se aplique de forma generalizada en todo tipo de altercados e incidentes con ocasión del desarrollo de una huelga, sobre todo en la convocatoria de una huelga general.

Resulta especialmente determinante la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical. CCOO llama la atención sobre el solemne silencio político e informativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical, y especialmente contra representantes del sindicato. No vamos a permanecer callados ni parados. CCOO activará una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación aquí denunciada. Igualmente, debatirá y reflexionará con ellos de propuestas de cambios normativos en el ámbito penal. Y estudiará en sus órganos de dirección, en contacto con todas las estructuras del sindicato, un calendario de movilizaciones contra la vulneración de los derechos sindicales.

El FMI propone más empobrecimiento y ajustes para España

El FMI pide a España que suba el IVA (el IGIC en Canarias), baje el Impuesto de Sociedades de las grandes compañías y facilite que las empresas puedan rebajar los sueldos de sus trabajadores

El informe preliminar del FMI sobre la situación económica de España se suma al optimismo electoralista del Gobierno para justificar las políticas de recorte y empobrecimiento que, junto a éstos y al BCE, ha promovido el Fondo. Pero lo cierto es que, incluso, las previsiones del Gobierno publicadas recientemente en su Programa de Estabilidad indican que perseverar en esta política económica conduce a la economía española, en el mejor de los casos, a un escenario de débil crecimiento con nula creación de empleo, donde la reducción de la tasa de desempleo se produce, en gran parte, por el abandono de la actividad laboral de los desempleados debido al desánimo, ante un mercado laboral sin oportunidades, o por su salida del país.

Desgraciadamente lo único que se puede afirmar, de momento, sobre la economía española es que la producción ha dejado de caer, sin que pueda decirse que ha terminado el ajuste del empleo, sobre todo tras las últimas estimaciones conocidas de la EPA. Sólo el sector exportador -al menos hasta ahora- mejora, lo cual es una buena noticia, pero sin entidad suficiente para provocar una recuperación vigorosa y con su valor muy concentrado en pocas empresas intensivas en capital, que hacen que su crecimiento se filtre poco al resto de la economía. Por otro lado, el poco empleo que se crea, dentro del contexto general de ajuste, es precario, a tiempo parcial, remunerado con salarios bajos y generador de ‘trabajadores pobres’.

Para CCOO, el FMI, al igual que el gobierno, no propone una política económica de impulso del crecimiento y reactivación de la demanda interna, que es lo que necesita la economía española para conseguir una recuperación fuerte y sólida, que alcance a las personas, y que tiene en la mejora del poder de compra de los salarios propuesto por CCOO, uno de sus ingredientes claves. La receta del Fondo sigue siendo insuficiente, centrada en aspectos complementarios (seguir mejorando las exportaciones, reestructurar la deuda de las empresas muy endeudas, reducir las barreras administrativas territoriales,…) o contraproducente con el objetivo de recuperar la demanda: profundizar aún más en la devaluación salarial (‘mejorar la capacidad de las empresas para adaptar la remuneración de los trabajadores’) y recortar del déficit público. El objetivo no debería ser, sin embargo, reducir la deuda pública a través de la rebaja del déficit sino mediante estímulos a la demanda que terminen aligerando su importancia relativa sobre el PIB. Aunque sin un plan a favor del crecimiento, el FMI, al menos, reconoce la necesidad de una política monetaria más expansiva, frente al inmovilismo del BCE, y que los bancos también han recortado el crédito en lugar de aumentar capital, lo que le lleva a recomendar su ampliación, así como limitar el reparto de dividendos y bonus, aunque sólo en efectivo, mientras que los recortes para los trabajadores carecen de compensación en las empresas.

El FMI no muestra ni preocupación ni autocrítica por el sufrimiento innecesario que está generando una política tan corta de miras, ni por el aumento de la pobreza y la desigualdad que le acompaña, a pesar de haber señalado a España en otros informes como la economía más desigual de la UE en la distribución de la renta y con mayores diferencias entre ricos y pobres. La crisis, las políticas de empobrecimiento, la reforma laboral y la devaluación salarial están teniendo efectos muy negativos sobre las personas. El riesgo de pobreza o exclusión social sigue aumentando y alcanza ya al 27,3%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que publicó también ayer sus datos definitivos para 2013. El Fondo no tiene, sin embargo, ningún planteamiento para combatir este problema, como la ‘renta mínima garantizada’ propuesto por CCOO y plantea una reforma fiscal que -aunque coincidimos en que tiene que conseguir más ingresos- lo hace proponiendo más impuestos regresivos (en oposición al IVA superreducido para los hogares de CCOO), menos fiscalidad directa sobre las empresas (que según el Fondo servirá para promover el crecimiento inclusivo (¿?)) y obviando la posibilidad de aumentar la fiscalidad sobre el capital y la riqueza (patrimonio, donaciones y herencias) y reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Por último el FMI plantea también en su informe mejorar las políticas activas de empleo, aunque olvida apuntar que los recursos presupuestarios destinados a este fin, se han recortado a la mitad y que esto ha supuesto eliminar gran parte de los servicios de orientación y una parte de la formación para desempleados. Olvida, asimismo, señalar que la falta de supervisión por parte del Servicio Público Estatal de Empleo es responsable de la descoordinación que existe entre los servicios regionales y apuesta por una política de privatización de las actividades de colocación que sólo conduciría a una política de empleo menos efectiva, pues no aprovecha las complementariedades y sinergias que se derivan de su gestión junto a las tareas de formación y orientación.

El problema es lo que piensan y hacen, no lo que dicen

Primero fueron las declaraciones del candidato Arias Cañete que ayer pidió disculpas, y ese mismo día el diputado regional del PP canario, Manuel Fernández, dice otra burrada sobre las mujeres

Más allá de que este tipo de afirmaciones son absolutamente inaceptables porque mantienen estereotipos y sostienen el papel secundario y marginal de las mujeres, lo verdaderamente importante, el verdadero problema de los dirigentes y responsables del PP en el Gobierno no es lo que dicen sino lo que piensan, porque lo que piensan se traduce luego en las políticas que practican y aplican.

Dicen que estamos saliendo de la crisis. Pues exijamos que lo demuestren con hechos: que cambien de inmediato su forma de hablar y de expresarse sobre las mujeres pero, también, que cambien sus políticas de recortes y vuelvan a potenciar los planes de igualdad.

La secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, Ana Herranz, ha denunciado que las políticas del Gobierno del PP han supuesto un retroceso, que ha sido especialmente perjudicial para la mujer. Así lo ha asegurado en rueda de prensa durante la presentación de un informe del sindicato sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, el desmantelamiento del estado de bienestar y el empleo femenino en España en el periodo 2008-2013. “Pese al leve descenso del paro en el último mes, el desempleo femenino ha aumentado”.

Portada de la revista "Trabajadora" de CCOO
[correspondiente al mes de mayo de 2014]

 En este sentido, Herranz ha responsabilizado al Gobierno de la destrucción de casi 250.000 puestos de trabajo ocupados por mujeres, especialmente en servicios, sanidad y educación. Los recortes presupuestarios en políticas de igualdad o para prevenir la violencia de género, están teniendo graves consecuencias para las mujeres, y, asimismo, los recortes en servicios sociales, como en dependencia, suponen un doble castigo para las mujeres tanto en el plano laboral como de carga adicional de tareas en el hogar, denunció.

Para la responsable de Mujer e Igualdad de CCOO, “si la situación del empleo de las mujeres ya era estructuralmente mala por la crisis y las políticas de recortes, la reforma laboral del Gobierno del PP de febrero de 2012 ha propiciado unos picos de destrucción de empleo que han alcanzado de lleno a las trabajadoras”. “Además, ha afirmado Ana Herranz, persiste e incluso se incrementa la brecha salarial, por la reducción salarial generalizada –que afecta más a las mujeres-, y por la congelación del SMI, referencia para los salarios de muchas trabajadoras, en sectores y empleos más precarios”.

En este sentido, ha aportado algunos datos que confirman esta afirmación, recogidos en el Informe: Desde febrero de 2012, de las 660 mil personas asalariadas menos, 304,2 mil son mujeres (el 47%). De las más de 330 mil trabajadoras asalariadas que han perdido el empleo tras la reforma laboral, un 68% ha sido empleo indefinido (205,2 mil); es decir, 2 de cada 3 trabajadoras. La destrucción de empleo femenino se concentra en el sector público, donde ha alcanzado el 72% (175 mil empleos femeninos perdidos).

Por grupos de edad, el grupo de trabajadoras asalariadas que ha perdido más empleo ha sido el 30-39 años: tras la reforma laboral han perdido 183 mil empleos (el 60% del empleo asalariado femenino perdido). Su pérdida de empleo ha sido, principalmente indefinido (el 54%, es decir, 98 mil), pero también temporal (85,3 mil).

Finalmente, Ana Herranz ha aludido a la encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), señalando que en España, “con la reducción de ingresos dedicados a los programas contra la violencia de género (casas de acogida, ayudas al empleo, atención a las mujeres y a sus hijos...) se va a producir una mayor desprotección de las mujeres”.

• Acceso a la revista Trabajadora editada por CCOO [PDF]