Los sindicatos logran que el Ministerio retire el Decreto de Especialidades de Secundaria

La presión sindical logra que el Ministerio retire el borrador de Decreto de Especialidades de Secundaria que, por ejemplo, permitía que un docente de Alemán impartiera clases de Literatura Universal, dando lugar a un nuevo proceso de reconversión en el sector

Como consecuencia de la presión, el Ministerio de Educación ha retirado el borrador de Decreto y comunica a los sindicatos de que modificará el planteamiento inicial para darle un enfoque más técnico. En este punto conviene recordar que CCOO fue el único sindicato en la enseñanza concertada que pidió la retirada del Decreto.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha reiterado, en la reunión mantenida hoy entre los sindicatos representantes del profesorado y el Ministerio de Educación, que el borrador inicial hacía inviable cualquier proceso de negociación.

Habrá Decreto de Especialidades, pero no como lo conocíamos hasta hoy. El Ministerio ha sucumbido a la presión sindical y ha retirado su propuesta inicial. 

Educación trabaja ahora en un documento radicalmente distinto al anterior, mucho más técnico y que supondrá modificaciones mínimas de los Reales Decretos actualmente en vigor, según ha informado a los sindicatos. Cambian, además, los tiempos: se amplía el plazo de negociación, que se prolongará durante el primer semestre de 2015.

El nuevo Real Decreto tendrá solo dos artículos, que contendrán matizaciones de los actuales decretos que establecen las especialidades del profesorado de la enseñanza pública y la concertada. En teoría, en el artículo dedicado a los docentes de la pública se modificarán los anexos 3, 4 y 5 con las asignaturas que desaparecen y la incorporación de las nuevas que las sustituyen y se contemplará una disposición adicional sobre el profesorado que debe adscribirse a las asignaturas de la Formación Profesional Básica y ámbitos de 1º de la ESO. En concertada también se modificará el anexo 1.

Los cambios tienen como objetivos solucionar los problemas de los centros más pequeños, donde el profesorado tiene jornadas parciales y muy poca estabilidad en el empleo, lo que perjudica la calidad de la educación; y, por otro lado, establecer las equivalencias para aquel alumnado que estudiaba una materia y que, como consecuencia de la vuelta a los estudios, debe ahora cursar otra distinta que a veces es muy similar en la denominación pero radicalmente diferente en los contenidos.

CCOO impugna determinados aspectos del convenio de enseñanza concertada

La Federación de Enseñanza de CCOO cuestiona la legalidad de una parte del articulado del convenio, que estará en vigor hasta el año 2020, y nos oponemos al recorte de derechos históricos ya consolidados

La Federación de Enseñanza de CCOO ha manifestado sus dudas sobre algunos artículos del VI Convenio por entender, a juicio de nuestros Servicios Jurídicos, que no se ajustan a la legalidad, como analizamos en el “texto comentado” del mismo que publicamos hace un año. Podríamos haber impugnado de forma inmediata esas cuestiones, como nos requerían nuestros Servicios Jurídicos, pero no lo hemos hecho a la espera de ver como se iba aplicando el VI Convenio y qué comportamiento tenían las distintas Consejerías de Educación ante el mismo, porque habríamos preferido que esos análisis negativos no se hiciesen realidad.

Ha pasado bastante más de un año desde la publicación en el BOE del VI Convenio y hemos constatado que la mayoría de esas prevenciones son ciertas. Por desgracia, hay usos abusivos del articulado del mismo y se pierden derechos laborales en muchas Comunidades.

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CCOO y ELA acabamos de alcanzar un Acuerdo con las patronales del País Vasco que pone fin n al conflicto que provocó la Sentencia del Tribunal Supremo origen de los elementos más dudosos introducidos en el VI Convenio. Se da la paradoja de que mientras allí resolvemos los problemas mediante el diálogo, en el resto del Estado se mantienen los efectos de esa sentencia, con textos que facilitan a las Administraciones Educativas el recorte de derechos.

Hemos realizado desde comienzos de curso propuestas positivas -como las llevadas al Consejo Escolar del Estado y aprobadas casi por unanimidad-, para intentar resolver el actual caos existente y las hemos llevado a la reciente reunión con el Ministerio, pero éste no considera una prioridad convocar una reunión específica de la Mesa de Concertada para tratar estas cuestiones, como CCOO le solicitó, y se corre el riesgo de que se creen situaciones irreversibles en un convenio sin revisión hasta el 2020.

Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO, transcurrido un tiempo que estimamos prudencial, conforme al criterio expresado hace ya un año por nuestros Servicios Jurídicos procede a la impugnación de contenidos concretos del VI Convenio y por las razones que exponemos a continuación:

Segunda página del Díptico informativo que se puede descargar al principio de la noticia [clic en la imagen para ampliar]

Los consejeros de CCOO en Bankia serán expulsados del sindicato

Informe final de la Comisión de Investigación de CCOO: "Los consejeros que usaron las tarjetas Black deben ser expulsados del sindicato"

Toxo y Lezcano durante la rueda de prensa

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, anunció en rueda de prensa que la Comisión de Investigación del sindicato sobre las denominadas "tarjetas black" de Caja Madrid ha propuesto, y la Comisión Ejecutiva confederal ha hecho suya, la expulsión del sindicato de los seis consejeros de CCOO que usaron las tarjetas. "Esas tarjetas nunca debieron aceptarse y nunca debieron usarse", afirmó rotundo. Toxo además declaró que "nos sentimos avergonzados y pedimos disculpas a los afiliados y la ciudadanía", porque más allá de "que han fallado las personas, somos conscientes de que han fallado los controles internos del sindicato".

Toxo inició su comparecencia ante los medios para presentar las conclusiones de la Comisión de Investigación del sindicato, declarando que “las tarjetas eran opacas para la sociedad, para Hacienda y para el sindicato”, y que de la información de que dispone el sindicato se concluye que “las tarjetas han actuado a modo de sobresueldo”. Este comportamiento, señaló, “nos produce indignación”.

El secretario general de CCOO, que no se anduvo con rodeos a la hora de condenar la aceptación y uso de las tarjetas por parte de los seis consejeros del sindicato, manifestó que los consejeros, también los de CCOO, usaban y abusaban de las tarjetas, según se desprende de los trabajos de la Comisión de Investigación.

“Ante estos hechos no caben excusas, hay que actuar, no solo hablar”. Por un lado, según explicó Toxo, sancionando esos comportamientos – la Ejecutiva Confederal hace suya la propuesta de expulsión que hace la Comisión de Investigación, que deberá ser tramitada por la dirección confederal, la organización del sindicato de Madrid y la Federación de Servicios, en las que estaban encuadrados los consejeros – y exigiendo la devolución del dinero gastado. Y, por otro lado, poniendo los medios para que no vuelva a suceder algo parecido, para que ni tan siquiera exista la posibilidad. “Somos conscientes de que algo ha fallado en CCOO: han fallado las personas pero también las organizaciones que debieron controlar su actuación”.

En este sentido, el secretario general de CCOO anunció la puesta en marcha de un Centro de Gestión Financiera, centralizado, y la actualización de los procedimientos y reglamentos internos. Asimismo, anunció la convocatoria del Consejo confederal, máximo órgano de dirección del sindicato, para debatir y decidir sobre la participación de sindicalistas en los Consejos de Administración de las empresas. “Lamentamos lo sucedido, y pedimos disculpas”, concluyó Toxo, que ofreció la máxima colaboración con la Justicia.

• Leer las conclusiones de la Comisión de investigación [2 páginas PDF]
• Leer el informe completo de la Comisión de investigación [9 páginas PDF]

CCOO seguirá con la investigación

Previamente a la intervención de Toxo, el secretario de Organización y Comunicación confederal, Fernando Lezcano, recordó que la rueda de prensa era consecuencia del compromiso adquirido por la dirección confederal de abrir una Comisión de Investigación sobre el uso de las tarjetas opacas por parte de consejeros de CCOO, señalando además que ya el día 7 de octubre la Ejecutiva confederal aprobó una resolución en la que pedía disculpas, condenaba la propia existencia de las tarjetas y establecía la suspensión cautelar de militancia de los 6 consejeros de CCOO en Caja Madrid.

Lezcano explicó el procedimiento seguido por la Comisión investigadora, que contempló tres aspectos - la existencia de las tarjetas, las cantidades gastadas y en qué se gastaron -, para lo que se recabó información a la entidad bancaria y la Fiscalía, sin que la facilitaran, por lo que “se ha trabajado con las informaciones publicadas por la prensa”.

“Vamos a seguir con la investigación”, aseveró en relación a las bajas voluntarias en el sindicato de algunos de los consejeros. “No queremos eludir responsabilidades y que quede patente la sanción que se imponga, y para que esas bajas no sean un medio de evitarla y se conviertan en una burla para las personas afiliadas y la ciudadanía en general", subrayó para dejar patente la diferencia entre la actuación de CCOO y otras organizaciones que han frenado las investigaciones cuando los implicados han anunciado su baja afiliativa.

El sueldo del profesorado de la Concertada puede retroceder a niveles de 2008

Una aplicación estricta del VI Convenio Colectivo de Enseñanza Concertada (que CCOO no firmó) puede provocar que las retribuciones del profesorado retrocedan a niveles de 2008

Por eso, la Federación de Enseñanza de CCOO exige que el posible descenso salarial se compense con un incremento de los complementos autonómicos. Además, pide que este colectivo reciba, al igual que el de los funcionarios, el equivalente al 25% de la paga extra que también les fue detraída en 2012.

El VI Convenio de la Enseñanza Concertada, que CCOO no firmó, vincula las tablas salariales del profesorado a los Presupuestos Generales del Estado en las cuantías y conceptos salariales básicos (salario base, trienio, complemento por función y plus de residencia). Por lo tanto, la congelación de las cantidades previstas en los módulos de conciertos educativos en 2015 supondría un nuevo revés para el profesorado, cuyas retribuciones serían el próximo año un 1,86% inferiores a las de 2008. Respecto a las tablas nacionales salariales de 2010, las últimas existentes y cuyos importes son los que se perciben en la mayor parte de las comunidades autónomas, este colectivo cobraría un 5% menos.

El descenso salarial dependerá, en cualquier caso, de los acuerdos existentes en las comunidades autónomas. Los salarios varían de un territorio a otro en función de los acuerdos autonómicos existentes, pero no en todos existen o están en vigor, y hay comunidades en las que ni siquiera hay mesas de negociación entre los representantes de los trabajadores y la Administración educativa, lo que acentúa el actual caos salarial del conjunto de la enseñanza concertada. En el  caso de Canarias existe acuerdo de homologación por lo que el impacto negativo sera menor, pero en cambio sí afectará a nivel de trienios.

En la actualidad, la retribución y coste de seguridad social de los docentes de Educación Infantil, Primaria y Especial es de 27.480,35 euros, una cifra intermedia de las retribuciones existentes entre 2007 y 2008.

En 2015, el sueldo del profesorado de Infantil, Primaria, Especial Integrada y 1º y 2º de la ESO podría ser de 78,51 euros mensuales menos que el percibido actualmente en la mayoría de las comunidades autónomas (tablas salariales de 2010). Asimismo, el valor del trienio bajaría a 35,68 euros desde los 37,45 actuales. Por lo tanto, para una profesora o un profesor de Primaria con una antigüedad media significaría un recorte de unos 1.300 euros anuales.

En el caso de las enseñanzas secundarias, en la mayor parte de las autonomías el profesorado podría perder 92,18 euros mensuales y el importe del trienio, que ahora es de 47,36 euros, descendería hasta los 44,99, lo que podría llegar a suponer unos 1.500 euros anuales menos con antigüedad media.

Los distintos complementos que recibe la función directiva y los pluses de residencia en Islas Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también se verían afectados.

CCOO recuerda que los firmantes del VI Convenio de la Enseñanza Concertada rechazaron nuestra propuesta de crear un salario mínimo garantizado para blindar las retribuciones, tal y como existe en el Convenio de Centros de Educación Especial, donde CCOO tiene mayoría, y como ocurre hasta este momento en la mayor parte de los territorios.

Por esta razón, la Federación de Enseñanza exige que el descenso salarial se compense con un incremento del complemento autonómico y pide, además, que este colectivo reciba, al igual que el de los funcionarios, el equivalente al 25% de la paga extra que también les fue detraída en 2012. Este porcentaje es el mínimo que CCOO está ganando judicialmente en las reclamaciones que hemos presentado en la enseñanza concertada.

CCOO esperaba que, en la reunión recientemente celebrada con el Ministerio, se pudiese resolver un conflicto que ha llevado a que el VI Convenio carezca de tablas salariales para el profesorado en pago delegado entre 2011 y 2014 y evitar la reclamación -comunidad a comunidad- para impedir recortes salariales adicionales. No ha sido así. Nuestro siguiente paso será la proposición de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado ante los grupos parlamentarios, como hemos hecho otros años, pero tememos que en muchos territorios habrá que llegar a la movilización para evitar nuevos recortes.

Los PGE 2015 prolongan el paro y exilio profesional de los/as jóvenes investigadores/as

Lo más grave de estos PGE 2015 es que se confirma la congelación o reducción en los programas de formación de recursos humanos: Ramón y Cajal, contratos de formación posdoctoral (antes Juan de la Cierva), o los programas de formación de personal investigador FPI y FPU

[Rueda de prensa de CCOO]

Las FPU mantienen su presupuesto con un descenso del 35% desde 2009 y se mantienen los 50 M€ del programa FPI. En ambos casos, al convertirse todas las becas en contratos, esto significa menor número de personas contratadas. Por otro lado, las convocatorias resueltas en julio siguen sin cerrarse y el personal no sabe ni cuándo ni cómo se producirá la incorporación a los centros. Se confirma la costumbre de dilatar o saltearse convocatorias condenando a los jóvenes a la inseguridad o haciendo que desistan de seguir el camino tan difícil de esta profesión.

Si sumamos las Ofertas de Empleo Público ridículas de 2012-2014 y la tasa de reposición del 50% en 2015 solo para personal investigador, tenemos un resultado desolador: la condena a la precariedad permanente o al exilio interior o exterior de la generación de jóvenes científicos y técnicos mejor formada de la historia de España. Sobre todo si tenemos en cuenta que la mayor parte (en algunos casos la totalidad) de esa Tasa de Reposición del 50% va a ser utilizada necesariamente para estabilizaciones y/o promociones, por lo que no supondrá ningún incremento en la contratación de nuevo personal.

Un ejemplo de esta situación será la ULL y la ULPGC, donde la aplicación de la nueva Tasa de Reposición del 50% podrá suponer entre 5 y 20 nuevas contrataciones "teóricas", ya que varias deberán ser utilizadas para estabilizar a Profesores Ayudantes Doctor que terminan su contrato en 2015 o contratos Ramón y Cajal y el resto para promociones de Profesores Contratados Doctor a Titular de Universidad (TU) y Profesores TU a Catedráticos, que no han podido realizarse en los últimos años como consecuencia de los recortes. La situación para las nuevas incorporaciones es realmente dramática porque se han convocado muy pocas plazas de Ayudantes Doctor con perfil investigador para el nuevo curso académico.

Por eso es urgente reactivar y aumentar de forma sustancial los programas de acceso a la investigación en todos los niveles: contratos de formación de personal investigador, de doctores, de técnicos y de especialistas. No solo los programas de la SEIDI sino todos los programas de los distintos OPIs y universidades: programas JAE del CSIC, becas y contratos del CIEMAT, INIA, IEO, Universidades, etc. Es necesario pensar en cómo estabilizar a una parte importante del personal formado para recapitalizar a los centros de I+D con el capital humano que seguimos perdiendo de forma irreparable.

Desde la SEIDI se propone premiar la excelencia con contratos menguantes que se convocan tarde, mal y nunca. Si la edad media de los trabajadores de OPIs supera los 50 años y creciendo, nadie  sabe de qué excelencia hablan cuando acuden a ella como coartada para justificar recortes. Porque está claro que la excelencia es el resultado de políticas estables de financiación en recursos económicos y humanos. Es el resultado del tiempo, del trabajo y el esfuerzo continuados en la construcción de grupos de investigación fuertes, con personal cualificado, con empleo digno y  estable. Nuestros vecinos alemanes, franceses o norteamericanos lo demuestran aumentando las  dotaciones de I+D aún en medio de grandes crisis.

• Ver análisis de CCOO-CSIC sobre PGE 2015 para I+D+i [12 páginas PDF]

 

Toxo: "Es una canallada culpar a una persona que sufre un accidente laboral"

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en una entrevista en Los Desayunos de TVE este viernes ha afirmado que las palabras del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid son "algo más que ruido, son una canallada" y debió ser cesado "al minuto de haberlas pronunciado"

"No se puede culpabilizar a una persona que sufre un accidente laboral, que se debate entre la vida y la muerte", señaló en relación a las acusaciones del consejero contra la auxiliar de enfermería contagiada de ébola.

Para Toxo, "las únicas voces sensatas que se están oyendo en esta crisis son las de los trabajadores, que llevan tiempo reclamando formación“, a quienes definió como “profesionales como la copa de un pino”. ”Me gustaría ver al Consejero ponerse y quitarse un traje de protección frente al ébola para ver si es tan sencillo", aseveró, al tiempo que pidió que se investigue si los equipos de protección utilizados por el personal sanitario que ha estado o está en contacto con enfermos son los adecuados

El secretario general de CCOO, asimismo se quejó de los recortes en sanidad que ha provocado el desmantelamiento del hospital Carlos III como centro especializado en enfermedades infecciosas, y defendió que “hace falta un comité de crisis” en el que “una voz autorizada empiece a tranquilizar a la población”

Por otro lado, afirmó que el sindicato estudiará el caso del trabajador expedientado por negarse a recoger residuos de los enfermos de ébola, y que CCOO tratará de defender a todos los trabajadores sanitarios.

Finalmente, Toxo reclamó que la crisis del ébola sirva para que África deje de ser "el continente olvidado", porque "Europa ha recortado la cooperación con los países que más lo necesitan con la crisis como gran coartada".

7OCT Jornada Mundial por el trabajo decente

CCOO y UGT llaman a la participación en los actos convocados en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente

CCOO y UGT han organizado 35 actos en otras tantas ciudades, la mayoría ante las sedes de las Delegaciones del Gobierno, con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se celebra el próximo 7 de octubre, según ha informado el secretario de Comunicación de CCOO, Fernado Lezcano.

El portavoz de CCOO, que ha comparecido ante los medios acompañado de Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, explicó que la convocatoria promovida por la Confederación Sindical Internacional (CSI) este año tiene tres ejes fundamentales, que unifican las principales reivindicaciones sindicales globalmente y que en el caso de nuestro país tienen especial actualidad: Empleo, protección social y derechos.

El portavoz de CCOO, que ha comparecido ante los medios acompañado de Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, explicó que la convocatoria promovida por la Confederación Sindical Internacional (CSI) este año tiene tres ejes fundamentales, que unifican las principales reivindicaciones sindicales globalmente y que en el caso de nuestro país tienen especial actualidad: Empleo, protección social y derechos.

Ambos sindicatos han suscrito un manifiesto con motivo de este 7 de octubre, en el que afirman acudir a la llamada de la CSI, de la que forman parte, con el objetivo de seguir reclamando trabajo decente porque “la mitad de las familias trabajadoras han sufrido el desempleo o una reducción de la jornada laboral en los últimos dos años, mientras que 1.200 millones de personas subsisten aún en la más extrema pobreza. Los derechos fundamentales a contar con una representación sindical y a la negociación colectiva están viéndose amenazados en muchos países y siendo objeto de ataques directos en otros. Los empleadores intentan incluso socavar el derecho de huelga, poniendo en entredicho décadas de reconocimiento legal de este derecho fundamental en la OIT”.

CCOO y UGT reclaman este 7 de octubre empleo, pero no cualquier empleo, protección social y derechos, y llaman a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en las acciones y movilizaciones que se han convocado con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

Toxo: "El uso de las tarjetas de Bankia es inaceptable"

“El uso de las tarjetas, que aparenta ser un sobresueldo, es reprobable e inaceptable”, asevera Toxo durante una rueda de prensa

Toxo durante la rueda de prensa

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha aseverado en relación al uso de las  tarjetas de Caja Madrid y Bankia por parte de los consejeros de CCOO en esa entidad que el sindicato va a ser absolutamente riguroso a la hora de abordar este asunto. "Ninguna condescendencia si se ha producido una utilización ilegal, irregular o amoral", ha subrayado, después de anunciar que ha aceptado la dimisión de Rodolfo Benito al ser uno de los representantes del sindicato que hizo uso de dichas tarjetas.

En este sentido, el secretario general de CCOO ha manifestado que “necesitamos conocer qué uso se ha hecho de las tarjetas, si está vinculado a la actividad de representación u otro distinto”, para lo que la dirección confederal ha demandado información tanto a los consejeros del sindicato, como a las organizaciones en las que estaban encuadrados, e incluso al propio banco, a fin de disponer de los mismos datos que el FROB y la Fiscalía y actuar el consecuencia. “Si se detecta un uso ilegal, inapropiado o no acorde con las normas éticas exigibles a los miembros del sindicato, se adoptarán las medidas disciplinarias contempladas en los Estatutos de CCOO”, señaló.

“Ninguna condescendencia con un uso inadecuado de las tarjetas por parte de las personas vinculadas al sindicato”, reiteró, después de afirmar que comparte la indignación ciudadana por el uso de las tarjetas opacas en Caja Madrid, y asegurar que la dirección confederal no tenía conocimiento de la existencia de las mismas.

Preocupación empresarial porque el éxodo de los jóvenes pone en riesgo la recuperación"

ASEMPLEO, patronal de las grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT) dice que "el éxodo de los jóvenes pone en riesgo la recuperación"

Según ha publicado Cinco Días [WEB]:

"En el segundo trimestre de este año, la población activa --que son aquellas personas de 16 a 64 años en disposición de trabajar, tengan o no un empleo-- cayó un 1%, lo que supuso que durante ese periodo más de 232.000 personas dejaron de pertenecer a este colectivo ¿Cuál fue el motivo de esa repentina desaparición?

Los datos oficiales analizados por el último informe de la patronal de las grandes empresas de trabajo temporal, Asempleo, reflejan que prácticamente la totalidad de esta caída de la población activa se debe a la desaparición de jóvenes entre 25 y 35 años, que disminuyen un 5,2% en comparación con el segundo trimestre de 2013.

Es más, el adelgazamiento de este colectivo en disposición de trabajar no se produce, como podría pensarse en un principio, porque estas personas pasen a la inactividad por seguir formándose o por estar desanimados por no encontrar empleo ya que estos solo representan el 0,7% del ajuste. El motivo fundamental es el éxodo masivo de estos jóvenes al extranjero en busca de oportunidades laborales. Así, se registró una disminución de este segmento poblacional del 5,5% anual.

Ante esta situación, Asempleo advierte que si este proceso de fuga de jóvenes tiene continuidad en los próximos meses "esto podría llegar a suponer una descapitalización de la economía española, clave en el proceso de recuperación de la actividad productiva".

¿Qué tipo de jóvenes se están marchando? La última radiografia aportada por la EPA indica que el perfíl de aquellos que emigran se reparte a partes iguales entre hombres y mujeres. Son mayoría los extranjeros casados que vuelven a sus lugares de origen o se marcha a un tercer país. Aunque las ETT llaman la atención acerca de que "cada vez adquieren más protagonismo los solteros españoles que optan por probar suerte fuera".

Según este análisis, la decisión de estos jóvennes de marcharse a otros países esconde no solo situaciones de desempleo prolongadas sino también muchos casos en los que la persona tiene empleo pero ocupan un puesto de trabajo que requiere mucho menor nivel de formación que el que ellos tienen. Este fenómeno de la sobrecualificación laboral afecta al 57,4% de los trabajadores entre 25 y 35 años en la actualidad, el porcentaje más alto de todos los rangos de edad."

Lo que no señalan en su informe es que, además de la falta de trabajo o la falta de alternativas de trabajo más cualificado, los jóvenes también buscan empleos con mayor estabilidad laboral. Algo que, evidentemente, la patronal de las ETT no van a reconocer porque estas empresas son la principal suministradora de empleo temporal a las grandes empresas, con contratos incluso de uno o dos días.

También resulta llamativo que a pesar de reflejar esta realidad y mostrar su preocupación, estos empresarios no hagan ninguna propuesta para cambiar la situación. Sobre todo porque al mismo tiempo siguen apoyando las medidas restrictivas y de recorte que desarrolla el Gobierno y que son la causa principal del deterioro del empleo entre los jóvenes.

Jubilación de despedidos: CCOO y UGT consiguen que el Gobierno rectifique

Decenas de miles de trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 y que tienen suscrito un convenio especial con la Seguridad Social podrán jubilarse anticipadamente

CCOO y UGT, durante la reunión mantenida en el día de hoy, junto con CEOE y Cepyme, con el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, han conseguido que el Gobierno revise y modifique el criterio aprobado el pasado de mes de junio por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que, en la mayoría de los casos, denegaba el acceso a la jubilación a aquellos trabajadores que habiendo visto extinguida involuntariamente su relación laboral antes del 1 de abril de 2013 acreditasen cotizaciones posteriores a dicha fecha, como consecuencia de haber suscrito un convenio especial con la Seguridad Social y, en otros, reducía las cuantías de las pensiones a las que se tenía derecho.

En dicha reunión, el Gobierno se ha comprometido a respetar los derechos de los trabajadores que se hayan podido ver perjudicados por este criterio, revisando y resolviendo todas las solicitudes conforme a la interpretación que se ha venido dando hasta junio de este año. 

Es decir, respetando el derecho de estos trabajadores a acceder a la jubilación en los términos y condiciones vigentes en el momento en que fueron despedidos. Con ello, se garantiza el cumplimiento de la finalidad de la Ley y el principio de confianza legítima.

Además, el Ejecutivo se compromete a revisar de oficio todos los expedientes que han sido denegados y las solicitudes de jubilación anticipada aceptadas pero cuya cuantía se haya calculado teniendo en cuenta dicho criterio, y a estimar favorablemente todas aquellas reclamaciones previas en vía administrativa que se encuentren en tramitación por este motivo.

Por ello, desde CCOO valoramos esta rectificación y la celeridad que, desde la propia Secretaria de Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se ha anunciado que se va a dar al proceso de revisión de oficio, con la finalidad de mitigar los perjuicios causados a los miles de trabajadores que, en poco más de dos meses, se han visto ya afectados por la vigencia temporal de este criterio regresivo que había sido contestado desde el primer momento por CCOO y UGT que lo han considerado injusto y no ajustado a derecho.

En este sentido, hacemos un llamamiento para mantener la presión sobre todos los recortes porque estamos en un momento que permite iniciar una lenta recuperación de derechos, siempre que contemos con la necesaria unidad sindical y el apoyo de los trabajadores y trabajadoras afectados/as. Tal y como se ha logrado en este tema.

La juventud debe organizarse sindicalmente frente el paro y la precariedad

Hoy tienen un empleo la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años que lo tenían en 2008. Uno de cada tres jóvenes que trabaja lo hace a tiempo parcial y el salario medio de los menores de 30 años no supera los 847 euros mensuales

Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, CCOO ha denunciado el constante empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los jóvenes desde el inicio de la crisis y ha vuelto a exigir el fin de unas políticas que están empobreciendo al conjunto de la sociedad y, especialmente, a toda una generación a la que se le está negando el presente y el futuro.

Hoy tienen un empleo la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años que lo tenían en 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. En esa misma franja de edad, una de cada tres personas que trabaja lo hace a tiempo parcial, frente al 17% de hace seis años; de hecho, mientras actualmente hay 459.500 jóvenes con una jornada parcial no deseada pero aceptada ante la imposibilidad de conseguir un trabajo a jornada completa, en el segundo trimestre de 2008 quienes se hallaban en estas circunstancias eran sólo 271.200. La temporalidad juvenil ha vuelto a repuntar en los últimos meses hasta situarse por encima del 51%, y el salario medio de los menores de 30 años no supera los 11.860 euros.

Estas cifras, sumadas al abuso de las becas o al empleo sumergido, reflejan una realidad inaceptable de precarización del trabajo que afecta en su día a día a la inmensa mayoría de la juventud, que no puede planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo. Esta circunstancia se evidencia en el descenso constante de la tasa de emancipación juvenil: en la actualidad, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, sólo dos de cada diez menores de 30 años viven fuera del hogar familiar.

EFECTO DESÁNIMO Y EMIGRACIÓN

Los datos del Instituto Nacional de Estadística también ponen de manifiesto la caída sostenida de la población activa entre los grupos de menor edad. Concretamente, hoy hay un millón y medio menos de jóvenes de hasta 30 años trabajando o buscando empleo que al inicio de la crisis. El llamado 'efecto desánimo', que lleva a miles de personas a apartarse del mercado laboral ante la seguridad de que no van a encontrar un puesto de trabajo, es un factor que contribuye a explicar el fenómeno, pero no es el único.

La emigración no ha dejado de crecer desde 2008. A pesar de las dificultades para determinar el número exacto de personas que se han visto forzadas a salir de España por razones económicas, el número de jóvenes nacionales empadronados en otros países ha ido aumentando de forma constante en los seis últimos años, lo cual esconde un drama que el Gobierno desprecia de un modo grosero al defender abiertamente la “movilidad exterior” como una de las soluciones al paro.

En este Día Internacional de la Juventud,  CCOO vuelve a exigir el fin de unas políticas que no sirven para crear empleo, sino para repartir el que ya hay abaratando y empeorando sus condiciones, al tiempo que empobrecen a la mayoría de la sociedad, pero también llama a la juventud a que se organice sindicalmente para plantar cara a la precariedad y defender sus derechos.

Las prospecciones de petroleo en Canarias huelen mal

En apenas dos semanas las declaraciones de varios ministros han dejado en evidencia las mentiras sobre las prospecciones de petroleo en nuestras Islas

Primero ha sido el ministro Soria quien, en un último intento de convencernos de las bondades de la posible existencia de petroleo, dijo que el Gobierno tenía intención de crear un impuesto especial del 8% para este fin y transferir la mitad al Gobierno de Canarias. Según él, la parte de ese nuevo impuesto mas los supuestos beneficios empresariales que obtendrían las islas podrían ascender a 300 o 400 millones de euros.

Lamentablemente, como siempre, ha sido el superministro Montoro el que ha venido a poner las cosas en su sitio al anunciar una rebaja del impuesto que actualmente pagan las petroleras por actividades de extracción en nuestro país: al final no se van a incrementar los impuestos sobre estas empresas sino que, incluso, en realidad se van a bajar considerablemente. 

El Gobierno estatal bajará el Impuesto de Sociedades, tanto para la búsqueda como para explotación de yacimientos de petróleo o gas.

El tipo impositivo pasará del 35% al 30% en 2016.

Así consta en el proyecto de ley del Impuesto de Sociedades que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto y que se tramitará en el Congreso de los Diputados a partir de septiembre con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

En realidad, sin estas contradicciones, ya era imposible ningún tipo de compensación a Canarias dado que el impuesto de sociedades se declara e ingresa en donde se ubica la sede social de la empresa, que en el caso de Repsol es Madrid. De tal forma que, cualquier beneficio que pueda obtener esta compañía por su explotación de petroleo en nuestras aguas en realidad será contabilizada en el impuesto de sociedades declarado por Repsol en la Comunidad de la Capital de España y no en Canarias, como nos han pretendido engañar.  De forma que esa posible compensación siempre estará supeditada a que cada Gobierno en cada Ley de Presupuestos anual determine si quiere o no transferir algo a nuestro archipiélago.

Pero es que, además, con la rebaja del impuesto de sociedades, queda aún más claro que será imposible cualquier tipo de compensación via impuestos, ya que al disminuir limitan aún más la capacidad del Gobierno para incrementar las transferencias a las Comunidades autónomas.

Por si fuera poca desverguenza, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha intentado combatir las críticas a las prospecciones en busca de hidrocarburos que Repsol quiere hacer en Canarias afirmando que "antes de este se han realizado 269 sondeos en España sin oposición alguna", afirmaciones que realiza coincidiendo con la difusión de noticias sobre la paralización de prospecciones en Baleares. ¿Hay o no otras negativas a las prospecciones en España? o tal vez el Secretario de Estado ha tenido un lapsus de memoria y se ha olvidado repentinamente de las Islas Baleares.

Un Real Decreto elimina la Selectividad (BOE sábado 7 de junio)

El Real Decreto 412/2014 elimina la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y establece mecanismos para limitar las plazas


El Real Decreto 412/2014 por el que se elimina la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y se establecen los requisitos de acceso y procedimientos de admisión a las enseñanzas de grado fue publicado en el BOE el pasado sábado, 7 de junio [BOE].  Generará desigualdades y dificultades en el acceso, dejando al alumnado en situación de indefensión por lo que la Federación de Enseñanza de CCOO critica que, incluso para una misma titulación, los estudiantes tendrán que realizar pruebas que suponen un nivel de exigencia diferente en función de la comunidad autónoma y que éste variará, incluso, de una universidad a otra dentro de una misma región.

Las universidades podrán establecer sus propios procedimientos de admisión, criterios de valoración y reglas para establecer el orden en la adjudicación de plazas para cada titulación. Esta “desregularización” resulta discriminatoria para el alumnado, ya que, aunque la normativa contempla la posibilidad de que las universidades adopten procedimientos de coordinación similares, no es obligatoria.

Además, como previsiblemente todas las pruebas de acceso se concentrarán en un corto periodo de tiempo y en centros que pueden estar muy distantes entre sí, los estudiantes tendrán dificultades para concurrir a los exámenes en distintas universidades, especialmente en territorios con una oferta amplia de campus y titulaciones.

El Real Decreto acentúa la discriminación del alumnado al especificar que, para los bachilleres españoles europeos o de estados con los que se haya suscrito acuerdo de reciprocidad, las universidades podrán decidir que el acceso a la universidad se haga solo en base -o no- a la nota de Bachillerato; mientras que para los técnicos superiores de FP, de Artes Plásticas y Diseño y aquellos que cuentan con una formación de Técnico Deportivo Superior, las universidades deberán fijar obligatoriamente algún tipo de procedimiento de admisión.

#HuelgaNoEsDelito

49 procedimientos judiciales abiertos por el ministerio Fiscal contra 147 sindicalistas de CCOO por ejercer el derecho de Huelga y en los que se llega a pedir hasta 5 años de cárcel

#HuelgaNoEsDelito - Concentración de apoyo a Katiana Vicens
secretaria general de CCOO en Baleares, a la que intentan condenar
a 4,5 años de carcel por informar y apoyar el derecho de Huelga

Después de que Toxo haya participado en las concentraciones de protesta en Palma de Mallorca por la petición de 4,5 años de cárcel para la secretaria general de CCOO de Baleares, la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y una ofensiva penal contra el derecho de huelga, mostrando su preocupación por la deriva autoritaria que han tomado las actuaciones de los poderes públicos contra los sindicatos. 

Resulta especialmente reseñable la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical y llama especialmente la atención el silencio político y administrativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical y especialmente contra representantes del sindicato por ejercer e informar sobre el derecho de huelga.

Estas coacciones al derecho de huelga en España coinciden con presiones internacionales en el mismo sentido, por lo que la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha elaborado un informe
jurídico de 122 páginas en el que la CSI confirma que el derecho de huelga está protegido por el derecho internacional. Informe que intenta contrarrestar las propuestas de los representantes de los empresarios para revocar décadas de jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que han anunciado durante el transcurso de la 103ª Conferencia Internacional del Trabajo que la agencia de la ONU celebró en Ginebra. En concreto, los representantes de los empresarios en la OIT persisten en sus esfuerzos por restringir el Convenio núm. 87 de la OIT sobre la libertad sindical, que garantiza a los trabajadores el derecho a convocar y participar en una huelga.

Sin embargo en nuestro país esta presión esta siendo especialmente agresiva, y se suma a las multas, detenciones, malos tratos, endurecimiento del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana contra las protestas pacíficas. Algo que esta siendo denunciado por Amnistía Internacional y otras organizaciones de Derechos Humanos. 

TEXTO ÍNTEGRO DE LA DECLARACIÓN:

CCOO denuncia la criminalización de los sindicatos y la ofensiva penal contra el derecho de huelga

Un informe de los Servicios Jurídicos de CCOO advierte de 49 procedimientos abiertos a 147 representantes y dirigentes de CCOO, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, lo que supone una restricción ilegítima de derechos democráticos.

El ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años una creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, que puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria. A juicio de CCOO, “la acusación penal, que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel para representantes sindicales, es una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga. No se trata de un acto que carezca de consecuencias jurídicas inmediatas. Implica la vinculación a un proceso y la sumisión a medidas cautelares tanto personales como de exigencia de fianzas y asunción de daños por parte de la acusación”.

Desde hace unos años, el sindicalismo de clase se enfrenta a una poderosa campaña mediática activada con fuerza a partir del triunfo de la derecha política en las elecciones generales de 2011. Una sistemática e implacable campaña que no repara en medios y que apunta al corazón mismo de las relaciones laborales. En la estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical, no se pone en cuestión una u otra actuación de los sindicatos. O al menos, no solo. Se ataca la propia existencia del sindicalismo democrático y su función constitucional, lo que nos sitúa ante una ofensiva conservadora que en ocasiones avanza extramuros de la democracia.

Pero el sindicalismo no puede quedarse en la denuncia de unos hechos que golpean la imagen y la credibilidad de los sindicatos. Debe dirigir también su mirada hacia dentro y evaluar con rigor y transparencia los errores cometidos. Y en eso estamos empeñados en CCOO. La creación de una Comisión de Investigación para analizar la actuación del sindicato en el llamado caso de los ERE, y el compromiso público adquirido para aplicar con todas las consecuencias la legalidad estatutaria, ha servido para separar las buenas de las malas prácticas y no ponernos de perfil si tuviésemos que sancionar alguna actuación irregular de representantes de CCOO.

La criminalización de la respuesta sindical
Mientras el sindicato se detenía en el análisis de la campaña antisindical en el ámbito de la comunicación, se sucedían en distintos puntos del país acciones sancionadoras contra la actividad sindical sin precedentes en democracia. Conscientes de que las prácticas sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables, CCOO ha creído imprescindible encargar a sus servicios jurídicos un informe detallado de lo que está pasando y una agenda básica que incluya los criterios de intervención jurídica y sindical. La principal tipología de conflictos de los que se derivan las actuaciones sancionadoras están relacionados con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en el año 2010 como en el 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos tanto administrativos como penales.

En relación con las sanciones que son objeto de imputación, las más frecuentes son las de carácter exclusivamente administrativo, y no representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros.

En el ámbito penal la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga, lo que se produce al menos en nueve procedimientos de carácter penal y que afectan a unos 40 trabajadores y cargos sindicales. Estos procedimientos sí derivan en condena, la pena mínima es de tres años y un día, y por tanto genera el ingreso en prisión al ser superior a 24 meses, aunque la persona carezca de antecedentes penales, al no ser aplicable con carácter general la medida de libertad condicional. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones. Tal es el caso de AIRBUS, en el que se pide ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas imputados, o superior a cuatro años, como se pide a la secretaria general de CCOO de Baleares.

Hemos querido resumir algunos de los 35 procedimientos que afectan a 125 sindicalistas de CCOO -los servicios jurídicos trabajan para conocer si son más los casos- con el propósito de sensibilizar a toda la ciudadanía de la trascendencia de unas actuaciones que cercenan gravemente los derechos sociales y laborales. Y lo hacemos para anunciar que no nos vamos a quedar parados. CCOO considera inaceptable que el delito de coacciones a la promoción de la huelga como figura penal se aplique de forma generalizada en todo tipo de altercados e incidentes con ocasión del desarrollo de una huelga, sobre todo en la convocatoria de una huelga general.

Resulta especialmente determinante la intervención del Ministerio Fiscal, y por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalización de la respuesta social y sindical. CCOO llama la atención sobre el solemne silencio político e informativo que acompaña a la campaña de intimidación observada en el ejercicio de estas prácticas sancionadoras contra la actividad sindical, y especialmente contra representantes del sindicato. No vamos a permanecer callados ni parados. CCOO activará una agenda de contactos y reuniones con la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentarios para trasladarles la situación aquí denunciada. Igualmente, debatirá y reflexionará con ellos de propuestas de cambios normativos en el ámbito penal. Y estudiará en sus órganos de dirección, en contacto con todas las estructuras del sindicato, un calendario de movilizaciones contra la vulneración de los derechos sindicales.

El FMI propone más empobrecimiento y ajustes para España

El FMI pide a España que suba el IVA (el IGIC en Canarias), baje el Impuesto de Sociedades de las grandes compañías y facilite que las empresas puedan rebajar los sueldos de sus trabajadores

El informe preliminar del FMI sobre la situación económica de España se suma al optimismo electoralista del Gobierno para justificar las políticas de recorte y empobrecimiento que, junto a éstos y al BCE, ha promovido el Fondo. Pero lo cierto es que, incluso, las previsiones del Gobierno publicadas recientemente en su Programa de Estabilidad indican que perseverar en esta política económica conduce a la economía española, en el mejor de los casos, a un escenario de débil crecimiento con nula creación de empleo, donde la reducción de la tasa de desempleo se produce, en gran parte, por el abandono de la actividad laboral de los desempleados debido al desánimo, ante un mercado laboral sin oportunidades, o por su salida del país.

Desgraciadamente lo único que se puede afirmar, de momento, sobre la economía española es que la producción ha dejado de caer, sin que pueda decirse que ha terminado el ajuste del empleo, sobre todo tras las últimas estimaciones conocidas de la EPA. Sólo el sector exportador -al menos hasta ahora- mejora, lo cual es una buena noticia, pero sin entidad suficiente para provocar una recuperación vigorosa y con su valor muy concentrado en pocas empresas intensivas en capital, que hacen que su crecimiento se filtre poco al resto de la economía. Por otro lado, el poco empleo que se crea, dentro del contexto general de ajuste, es precario, a tiempo parcial, remunerado con salarios bajos y generador de ‘trabajadores pobres’.

Para CCOO, el FMI, al igual que el gobierno, no propone una política económica de impulso del crecimiento y reactivación de la demanda interna, que es lo que necesita la economía española para conseguir una recuperación fuerte y sólida, que alcance a las personas, y que tiene en la mejora del poder de compra de los salarios propuesto por CCOO, uno de sus ingredientes claves. La receta del Fondo sigue siendo insuficiente, centrada en aspectos complementarios (seguir mejorando las exportaciones, reestructurar la deuda de las empresas muy endeudas, reducir las barreras administrativas territoriales,…) o contraproducente con el objetivo de recuperar la demanda: profundizar aún más en la devaluación salarial (‘mejorar la capacidad de las empresas para adaptar la remuneración de los trabajadores’) y recortar del déficit público. El objetivo no debería ser, sin embargo, reducir la deuda pública a través de la rebaja del déficit sino mediante estímulos a la demanda que terminen aligerando su importancia relativa sobre el PIB. Aunque sin un plan a favor del crecimiento, el FMI, al menos, reconoce la necesidad de una política monetaria más expansiva, frente al inmovilismo del BCE, y que los bancos también han recortado el crédito en lugar de aumentar capital, lo que le lleva a recomendar su ampliación, así como limitar el reparto de dividendos y bonus, aunque sólo en efectivo, mientras que los recortes para los trabajadores carecen de compensación en las empresas.

El FMI no muestra ni preocupación ni autocrítica por el sufrimiento innecesario que está generando una política tan corta de miras, ni por el aumento de la pobreza y la desigualdad que le acompaña, a pesar de haber señalado a España en otros informes como la economía más desigual de la UE en la distribución de la renta y con mayores diferencias entre ricos y pobres. La crisis, las políticas de empobrecimiento, la reforma laboral y la devaluación salarial están teniendo efectos muy negativos sobre las personas. El riesgo de pobreza o exclusión social sigue aumentando y alcanza ya al 27,3%, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, que publicó también ayer sus datos definitivos para 2013. El Fondo no tiene, sin embargo, ningún planteamiento para combatir este problema, como la ‘renta mínima garantizada’ propuesto por CCOO y plantea una reforma fiscal que -aunque coincidimos en que tiene que conseguir más ingresos- lo hace proponiendo más impuestos regresivos (en oposición al IVA superreducido para los hogares de CCOO), menos fiscalidad directa sobre las empresas (que según el Fondo servirá para promover el crecimiento inclusivo (¿?)) y obviando la posibilidad de aumentar la fiscalidad sobre el capital y la riqueza (patrimonio, donaciones y herencias) y reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

Por último el FMI plantea también en su informe mejorar las políticas activas de empleo, aunque olvida apuntar que los recursos presupuestarios destinados a este fin, se han recortado a la mitad y que esto ha supuesto eliminar gran parte de los servicios de orientación y una parte de la formación para desempleados. Olvida, asimismo, señalar que la falta de supervisión por parte del Servicio Público Estatal de Empleo es responsable de la descoordinación que existe entre los servicios regionales y apuesta por una política de privatización de las actividades de colocación que sólo conduciría a una política de empleo menos efectiva, pues no aprovecha las complementariedades y sinergias que se derivan de su gestión junto a las tareas de formación y orientación.

El problema es lo que piensan y hacen, no lo que dicen

Primero fueron las declaraciones del candidato Arias Cañete que ayer pidió disculpas, y ese mismo día el diputado regional del PP canario, Manuel Fernández, dice otra burrada sobre las mujeres

Más allá de que este tipo de afirmaciones son absolutamente inaceptables porque mantienen estereotipos y sostienen el papel secundario y marginal de las mujeres, lo verdaderamente importante, el verdadero problema de los dirigentes y responsables del PP en el Gobierno no es lo que dicen sino lo que piensan, porque lo que piensan se traduce luego en las políticas que practican y aplican.

Dicen que estamos saliendo de la crisis. Pues exijamos que lo demuestren con hechos: que cambien de inmediato su forma de hablar y de expresarse sobre las mujeres pero, también, que cambien sus políticas de recortes y vuelvan a potenciar los planes de igualdad.

La secretaria de Mujer e Igualdad de CCOO, Ana Herranz, ha denunciado que las políticas del Gobierno del PP han supuesto un retroceso, que ha sido especialmente perjudicial para la mujer. Así lo ha asegurado en rueda de prensa durante la presentación de un informe del sindicato sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, el desmantelamiento del estado de bienestar y el empleo femenino en España en el periodo 2008-2013. “Pese al leve descenso del paro en el último mes, el desempleo femenino ha aumentado”.

Portada de la revista "Trabajadora" de CCOO
[correspondiente al mes de mayo de 2014]

 En este sentido, Herranz ha responsabilizado al Gobierno de la destrucción de casi 250.000 puestos de trabajo ocupados por mujeres, especialmente en servicios, sanidad y educación. Los recortes presupuestarios en políticas de igualdad o para prevenir la violencia de género, están teniendo graves consecuencias para las mujeres, y, asimismo, los recortes en servicios sociales, como en dependencia, suponen un doble castigo para las mujeres tanto en el plano laboral como de carga adicional de tareas en el hogar, denunció.

Para la responsable de Mujer e Igualdad de CCOO, “si la situación del empleo de las mujeres ya era estructuralmente mala por la crisis y las políticas de recortes, la reforma laboral del Gobierno del PP de febrero de 2012 ha propiciado unos picos de destrucción de empleo que han alcanzado de lleno a las trabajadoras”. “Además, ha afirmado Ana Herranz, persiste e incluso se incrementa la brecha salarial, por la reducción salarial generalizada –que afecta más a las mujeres-, y por la congelación del SMI, referencia para los salarios de muchas trabajadoras, en sectores y empleos más precarios”.

En este sentido, ha aportado algunos datos que confirman esta afirmación, recogidos en el Informe: Desde febrero de 2012, de las 660 mil personas asalariadas menos, 304,2 mil son mujeres (el 47%). De las más de 330 mil trabajadoras asalariadas que han perdido el empleo tras la reforma laboral, un 68% ha sido empleo indefinido (205,2 mil); es decir, 2 de cada 3 trabajadoras. La destrucción de empleo femenino se concentra en el sector público, donde ha alcanzado el 72% (175 mil empleos femeninos perdidos).

Por grupos de edad, el grupo de trabajadoras asalariadas que ha perdido más empleo ha sido el 30-39 años: tras la reforma laboral han perdido 183 mil empleos (el 60% del empleo asalariado femenino perdido). Su pérdida de empleo ha sido, principalmente indefinido (el 54%, es decir, 98 mil), pero también temporal (85,3 mil).

Finalmente, Ana Herranz ha aludido a la encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA), señalando que en España, “con la reducción de ingresos dedicados a los programas contra la violencia de género (casas de acogida, ayudas al empleo, atención a las mujeres y a sus hijos...) se va a producir una mayor desprotección de las mujeres”.

• Acceso a la revista Trabajadora editada por CCOO [PDF]

Según el BBVA: tardaremos más de diez años en recuperar empleo

Según el BBVA Research, Canarias tardará más de diez años en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis

Y esa previsión la hacen en el caso de que durante esos diez años se mantenga un ritmo de crecimiento económico anual del 2,5%. ¿Entonces, cual es la supuesta recuperación  económica? ¿Quién se está beneficiando ahora de las reformas?  ¿Qué le decimos a los/as jóvenes que están terminando sus estudios en este momento... que tienen que esperar más de diez años para encontrar un empleo?... que tienen que emigrar si quieren trabajar?

Es absolutamente evidente que los datos del Gobierno, algunos medios de comunicación y de los representantes de las empresas hablando de recuperación económica y de creación de empleo son pura propaganda para las elecciones.

Los datos publicados por el BBVA reflejan una dura realidad, realidad que según los estudios del Gabinete económico de CCOO serían más de 14 años en lugar de diez, porque es previsible que el nivel de crecimiento económico no se mantenga de forma uniforme durante tanto tiempo en función de diversas coyunturas.

Por eso CCOO sigue manteniendo, junto con el resto de los grandes sindicatos europeos afiliados a la CES (Confederación Europea de Sindicatos), una propuesta de inversiones para la creación real de millones de puestos de trabajo que pongan fin, de verdad, a la crisis y sus consecuencias

Se puede consultar más información sobre este tema haciendo clic en el enlace siguiente:

• Plan de inversiones para crear 11 millones de empleos en Europa [4 páginas PDF]

Encuesta: Riesgos psicosociales del sector de atención a la discapacidad

En menos de un año CCOO ha desarrollado tres actuaciones diferentes en materia de prevención de riesgos laborales del sector de atención a la Discapacidad

Noticias publicadas en septiembre y diciembre 2013

Ahora volvemos a necesitar tu colaboración para poder completar el estudio sobre los riesgos psicosociales.  Colaboración que se podrá materializar a través de una encuesta online. Las otras dos acciones en materia de prevención que CCOO ha ejecutado para los/as trabajadores/as de nuestro sector fueron la edición en septiembre de 2013 de un Manual sobre prevención de riesgos ergonómicos [BLOG] y la puesta en marcha en diciembre de un Repositorio documental a través de internet aglutinando información sobre materia preventiva en este sector [BLOG].

El objetivo actual es elaborar un manual sobre los "riesgos psicosociales", de una forma similar a la que nos sirvió de partida para evaluar los riesgos ergonómicos. Por esa razón es fundamental la participación de los trabajadores y trabajadoras de los puestos de atención directa de este sector (exceptuando los Centros Especiales de Empleo), para los siguientes tipos de centro y puestos de trabajo:

Tipos de centro:
• Unidad de estancia diurna/ centro ocupacional.
• Residencias/ pisos tutelados.
• Centros específicos de educación especial/ centro educativo.

Puestos de trabajo:
• Cuidadoras/es (residencia o piso tutelado).
• Cuidadoras/es (unidad de estancia diurna, centros ocupacionales, centros educativos).
• Monitor/a, educador/a (residencia o piso tutelado).
• Monitor/a, educador/a (unidad de estancia diurna, centros ocupacionales, centros educativos).
• Profesor/a encargado/a de taller.
• Técnico/a (integración social, programas de prevención e inserción social, preparador laboral y cualquier otro técnico/a de atención directa).
• Auxiliar de enfermería.
• Docente.
• Personal titulado de atención directa (psicólogo/a, logopeda, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional).

Para valorar este tipo de riesgos, hemos elaborado un cuestionario online al que puedes contestar haciendo clic en el enlace siguiente:

• Encuesta sobre riesgos psicosociales

Pantallazo de la encuesta online

El número de cuestionarios recopilados es determinante a la hora de lograr unas conclusiones realistas y  representativas del sector, por lo que, si eres trabajador/a de los puestos mencionados,te invitamos a colaborar.

Una vez analizados los cuestionarios, elaboraremos un manual y varios vídeos resumen con los resultados del estudio, recopilando las conclusiones, junto con las medidas preventivas para reducir este tipo de riesgos o eliminarlos; y mostraremos los resultados en una jornada de presentación. Además, los materiales finales serán distribuidos entre los/as trabajadores/as del sector.

La Consejería vuelve a olvidarse del profesorado de la Concertada

La Consejería de Educación ha vuelto a protagonizar dos nuevas acciones que vulneran los derechos del profesorado de la enseñanza Concertada

Desde el mes de febrero la Consejería ha suprimido el acceso a las nóminas que disponía el profesorado de la Concertada a través del portal web y, dos meses después, también ha descartado extenderles la devolución del recorte de la Extra suprimida en 2012 que sí se ha realizado para todo el personal y profesorado del Gobierno de Canarias. Algo que vuelve a reflejar el olvido permanente que la Consejería muestra hacia este colectivo.

En relación con el primer tema, la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias tomó, de forma unilateral, la decisión de suspender el acceso vía web a las nóminas del profesorado en pago delegado, tal como venía haciéndose hasta el momento, una vez que se materializaron las transferencias de este personal a la Dirección General de Personal.

CCOO entiende que esta decisión vulnera la ley de protección de datos, pues la Administración impide a los y las docentes en pago delegado el acceso a sus propios datos personales, información que se encuentra en poder de la Consejería de Educación pero que pertenece al trabajador.

La administración argumenta para ello que es obligación de la empresa, según el Estatuto de los Trabajadores, el entregar a los trabajadores las nóminas mensuales, ignorando que es el responsable de la base de datos quien tiene la obligación legal de dar acceso a los mismos a todas aquellas personas que tengan interés legitimo.

Desde Comisiones Obreras estamos realizando las gestiones necesarias para que la administración restablezca de inmediato el derecho de acceso del profesorado en pago delegado a consultar sus datos, caso contrario tomaremos las medidas legales oportunas para impedir que se conculque este derecho. Evidentemente, este derecho no exime a las empresas de su obligación de entregar mensualmente las nóminas a sus trabajadores.

Sobre la otra cuestión, queremos recordar que en la nómina del mes de julio de 2012 se inicio el recorte del 5% del salario bruto anual en la enseñanza concertada en Canarias, mientras que a los docentes de la enseñanza pública se les suprimió la paga extra de diciembre. Las correcciones para la  homologación al 90% se realizaron sobre el Índice Corrector.

Recientemente, en la nómina del mes de abril, se ha abonado al profesorado de la enseñanza pública no universitaria la parte proporcional de la paga extra devengada correspondiente a diciembre de 2012, esto supone en bruto unas cantidades que oscilan entre los 327 euros, a los maestros, y 350 euros, a los profesores de secundaria.

Al abonar estas cantidades se produce una nueva deshomologación salarial del Profesorado de la enseñanza concertada, por lo que desde Comisiones Obreras hemos iniciado la reclamación de estas cantidades ante la Administración educativa, intentando que éstas se abones de oficio. En caso de que esto no suceda iniciaremos las oportunas acciones jurídicas para que se respete el acuerdo de homologación salarial suscrito entre los sindicatos, patronales y Administración.

Teniendo en cuenta la homologación al 90% que corresponde, las cantidades reclamadas oscilan entre los 290 euros, para los maestros, y 315 euros, para los licenciados, recordando que las mismas se han calculado en bruto. Esta reclamación se realizará en cuanto esté legalmente consolidada la devolución al
profesorado de pública, toda vez que hay pendientes sentencias judiciales sobre este asunto al haber recurrido, hipócritamente, el Ministerio de Hacienda la decisión tomada por el Gobierno de Canarias de abonar a los empleados públicos de Canarias la parte proporcional de la paga extra de Navidad de 2012.

Canarias pone en marcha la certificación de competencias profesionales

El pasado 28 de abril se publicó en el BOC lo que será el comienzo de un nuevo sistema de acreditación o certificación de competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral

[clic en la imagen para ampliar]

Aunque esta primera convocatoria solamente se dirige al sector de la atención domiciliaria de personas dependientes, en el futuro continuará desarrollándose para el resto. Por lo que su configuración y requisitos sirven de experiencia para todos/as los trabajadores/as que no poseen titulación oficial y que quieran optar a un procedimiento de evaluación de competencias profesionales que les certifique su cualificación, adquirida mediante la experiencia laboral u otras formulas de formación no regladas.

Para acceder a este sistema de acreditación se debe acudir a las Oficinas de Empleo, Servicios de Información y Atención ciudadana o los CIFP de Los Gladiolos, Villa de Agüimes o Majada Marcial, donde se les facilitará la información y orientación necesaria.

También se puede conseguir más información a través de la página web:

• http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce

Implementación del sistema de evaluación por competencias

Implementación del sistema de evaluación por competencias entre el personal del sector de atención a personas con discapacidad

Noticia publicada el 20/03/2014

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO hemos trabajado, intensamente y con rigor, en la Comisión  Técnica de la Paritaria del XIV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad para la implantación del sistema de evaluación por competencias de una manera lógica y consensuada por parte de todos/as los/las que han intervenido en el proceso.

Ya desde el pasado mes de marzo informamos a los trabajadores y trabajadoras de la puesta en marcha de este mecanismo de evaluación y sus repercusiones sobre la promoción profesional [BLOG].

Tras un intenso trabajo, en el que CCOO ha intervenido en la Comisión Delegada encargada de recepcionar toda la información hasta la comisión paritaria del XIV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, finalmente se completó el número de empresas que se han incorporado al sistema del CDP a 31 de enero de 2014.

El trabajo desarrollado por la comisión delegada se ha centrado en el estudio, clasificación, revisión, organización y gestión de la documentación que ha sido enviada por los trabajadores/as y por las empresas a la Comisión Paritaria sobre el Complemento de Desarrollo Profesional (CDP).

La mayoría de las notificaciones han cumplido con el procedimiento y, en aquellas en las que hemos tenido conocimiento de alguna incidencia, se ha pedido documentación específica. Aunque también se han recepcionado notificaciones que han quedado fuera por no cumplir con los requisitos mínimos.

• Los datos son los siguientes:
• El 67% de las empresas han entrado directamente con la documentación aportada.
• A un 30% de las empresas se le ha pedido documentación “extra” de ciertos documentos sobre todo en los centros donde han existido notificaciones de los trabajadores/as.
• El 3% restante ha quedado fuera del sistema directamente (sin contar las que no se han admiti do por entrega fuera de plazo).

Estamos realizando asambleas informativas en los centros de trabajo del sector en aquellas empresas que se han incorporado al sistema de competencias profesionales. Si necesitas más información al respecto, contacta con nosotros a través de alguno de los teléfonos que figuran en el encabezado del blog.

Como una parte esencial de todo este proceso, CCOO está trabajando para que la adaptación a la nueva normativa europea se vea recompensada en un futuro reconocimiento de convalidación de esas competencias en acreditaciones oficiales.

La Encuesta de Población Activa dice que se sigue destruyendo empleo

La EPA del primer trimestre del año refleja que el Gobierno hace demagogia con la supuesta recuperación económica

Toxo en la manifestación del 1º de Mayo de Bilbao: "Sin empleo de calidad no hay recuperación"

La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2014 refleja la tragedia social que sufren millones de familias españolas y, al tiempo, alerta sobre cualquier demagogia sobre la salida de la crisis: "Mientras no se reduzca de forma considerable las cifras del paro - 5.993.300 personas siguen en desempleo, - y no se cree empleo, la economía, pero sobretodo la sociedad española, no saldrá de la crisis" han sido las últimas declaraciones de los dirigentes de CCOO. 

La EPA del primer trimestre del año indica que un 25,93% de la población sigue buscando empleo sin conseguirlo, y aunque en este periodo se computen 2.300 parados menos que en el anterior trimestre, según aclara CCOO, la disminución no se debe a la creación de empleo, sino a que se ha reducido el número de activos, es decir, el número de personas que buscan activamente empleo, tanto en términos anuales como trimestrales, como consecuencia del efecto desánimo que lleva a muchas personas a desistir de buscar empleo.

Asimismo,  la pérdida de empleo continúa: Se han destruido 184.600 en el trimestre (y 79.600 en el año). Además, anualmente hay 51.600 asalariados menos con contrato indefinido, mientras se incrementan los asalariados con contrato temporal (112.400), situándose la tasa de temporalidad en el 23,13%.

Para CCOO, la reforma laboral y los incentivos del Gobierno están provocando un aumento de la precariedad en las relaciones laborales, con un peso inaceptable de la contratación temporal y un incremento continuado del contrato a tiempo parcial, situación no deseada por la inmensa mayoría de los que la sufren, no sólo por su bajo salario, sino porque en la jornada parcial se concentra mucho el fraude laboral ya que las empresas realizan contratos de media jornada pero obligan a los trabajadores a trabajar la jornada completa. Así lo pone de manifiesto la EPA: el empleo a tiempo parcial anualmente aumenta en 55.700, mientras se destruye mayoritariamente empleo a tiempo completo. El 73,3% de los empleos a tiempo parcial están ocupados por mujeres.

“Tenemos menos empleo asalariado y de peor calidad, porque estamos sufriendo un proceso de deterioro del empleo, con la sustitución de empleo indefinido por empleo temporal y del empleo a tiempo completo por empleo a tiempo parcial”, denuncia CCOO en un comunicado hecho público ayer.

Por otro lado, CCOO destaca que a finales de marzo de 2014 el número de hogares con todos sus miembros ocupados diminuye con respecto al trimestre anterior en 27.900. Hay 1.978.900 hogares con todos sus miembros en paro y continúa aumentado los hogares donde no se percibe ningún ingreso (768.800).

El desempleo es el principal problema económico, social, familiar y personal, por lo que todos los esfuerzos tienen que dirigirse a crear empleo. “No podemos esperar resignadamente varias décadas porque los casi 6 millones de personas en paro son parados de larga duración y la gran mayoría llevan más de dos años en desempleo. Si a esto sumamos que hay 768.800 hogares sin ningún tipo de ingresos, esta situación es insoportable”.

“Es necesario y urgente un cambio en la orientación en la política económica y laboral, aquí y en la Unión Europea, que deje atrás las políticas de austeridad y recortes y que apueste de forma decidida por el crecimiento sostenible. Una nueva estrategia económica en la que recuperar el diálogo social como instrumento básico y que de cómo primer resultado, un plan de empleo con prioridad para los jóvenes y los parados de larga duración, al tiempo que dé cobertura a los casi 800.000 hogares sin ingresos laborales (salario, prestación, subsidio o pensión)”.

Por eso hacemos un llamamiento para reforzar la participación en las manifestaciones de este Primero de Mayo, acudiendo a los lugares previstos de concentración en cada isla:

Gran Canaria: Manifestación a las 11 horas desde la plaza Obelisco hasta San Telmo.

Tenerife: Manifestación a las 12 horas: Partiendo del final de las Ramblas en la confluencia con la Avenida Francisco la Roche (Avd. Anaga), hasta la Plaza de España (Frente al Cabildo)

El Hierro: Concentración a las 12 horas en Malpaso. Al termino de la concentración un almuerzo en la Hoya del Morcillo.

Gomera: Concentración-Manifestación a las 12 horas que partirá desde la plaza de las Américas.

La Palma: Manifestación-Concentración a las 11 horas desde la Plaza España .

Fuerteventura: Concentración a las 11 horas en la avenida 1º de Mayo.

Lanzarote: Concentración a las 10,30 horas en la calle León y Castillo.