jueves, 7 de febrero de 2013

En peligro la atención a las personas sordas por culpa de los recortes



Los recortes del Gobierno de Canarias amenazan el empleo de técnicos de lengua de signos y la atención a las personas sordas

Rueda de prensa
FUNCASOR, que recibió la medalla de oro de Canarias, suspende empleo de técnicos especialistas y reduce los servicios de integración a más de 100 personas con sordera en Canarias. CCOO urge a la Consejería a ingresar las subvenciones pendientes para evitar regulación de empleo. La negociación por los representantes de los trabajadores/as y los representantes sindicales, con la Fundación, logra evitar despidos definitivos en la empresa y abre una vía de suspensión temporal de empleo.


El recorte de las partidas presupuestarias que destina el Gobierno de Canarias a FUNCASOR, ha provocado la suspensión del programa de apoyo a la escolarización de niños y niñas con sordera en los colegios públicos canarios y la reducción drástica de los servicios de integración laboral dejando sin atención a más de 100 jóvenes con sordera.

El Gobierno de Canarias, durante los últimos años ha reducido drásticamente las “principales líneas de financiación de los proyectos de empleo de la Fundación” en su importe anual. Los criterios del Gobierno de Canarias para aplicar los recortes que por la actual crisis económica se están sucediendo, rayan en ocasiones el absurdo y, sin duda, son de lo más injustos e insolidarios, al menos en cuanto a las prioridades que otorga cuando se trata de la integración y derechos de personas con discapacidad y sus familias.

Por otro lado, existe un retraso injustificable por parte del Gobierno de Canarias del ingreso de una partida consignada en la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 2013 (BOC nº 254 de 31/12/2012), donde figura consignada con cargo a la partida 18 03 322K 48200 00 18450402, una subvención nominada a favor de la Fundación Canaria para el Sordo, por importe de 90.000,00€ cuyo fin es promocionar el desarrollo del alumnado sordo en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. La falta de ingreso de esta partida está repercutiendo negativamente en los/as alumnos/as sordos/as matriculados en centros preferentes para alumnado con discapacidad auditiva al dificultar su plena integración, aprendizaje de la Lengua de Signos Española y su acceso a los contenidos académicos impartidos, lo que vulnera totalmente sus derechos.

FUNCASOR fue creada en 1992 por un grupo de padres y madres con el fin de mejorar la calidad de vida de las Personas con Sordera y de sus familias. Desde entonces la Fundación ha ofrecido servicios y programas educativos, sociales, laborales y culturales a más de 23.000 personas con discapacidad y sus familias. La sociedad en general, y las personas sordas y sus familias en particular, son conscientes de lo mucho que se ha avanzado en estos veinte años, pero la situación del momento está impidiendo progresar en la misma línea.

Estos recortes están limitando los servicios prestados por FUNCASOR, dirigidos a garantizar los "derechos" y la "dignidad" de las personas con discapacidad auditiva y sus familias. Desde la entidad (tanto el Patronato como sus trabajadores y trabajadoras), se mantiene el compromiso y la lucha para conseguir reducir los efectos de estas decisiones externas, esperando que los poderes públicos, obligados a dar respuesta a las especiales necesidades de las personas con sordera, respondan de manera que no se deteriore la calidad de vida y la mejora del bienestar logrados por este grupo de personas hasta este momento.

En las negociaciones con la Fundación se ha estimado la necesidad de evitar el Expediente de regulación de empleo, dejando sin efecto cualquier despido colectivo, y entrar en un procedimiento suspensivo del empleo de 15 de los 34 trabajadores/as de la Fundación, para evitar la cesación definitiva de servicios y promover la recuperación de los fondos públicos para mantener estos empleos y la labor social que desempeñan. Este expediente afecta a intérpretes de lengua de signos española, trabajadores sociales y otras categorías profesionales.

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